Blog del Narco

Una pista de Ayotzinapa en el campo militar uno

- 7:50:00
A dos años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, una pista aportada por el teléfono celular del joven que murió desollado, y que siguió en actividad varios meses después de su muerte desde el interior del campo militar número uno de la ciudad de México, apuntaría hacia el Agrupamiento Especial de Búsqueda (AGESEB), un grupo especial de la Policía Ministerial Militar que trabaja —desde instalaciones confidenciales— en coordinación con la sección segunda, inteligencia militar, del Estado Mayor de la Defensa. A esta hipótesis se le suma el registro documental de la intervención de otras áreas de inteligencia del ejército, como los Grupos de Análisis de Orden Interno (GAOI), cuyo papel se relaciona con el combate de grupos guerrilleros. Algunas de las preguntas que dejó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), apuntan al corazón de las actividades antiguerrilla que realiza el ejército desde hace varios años en Guerrero, donde en todo momento estuvo al tanto de lo que ocurrió aquella noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala.

México, 26 de septiembre.- La hipótesis de la intervención de un “grupo externo” del ejército, que pudo haber actuado tras los sucesos de la noche de Iguala desde las instalaciones del campo militar número uno, se basa en que el teléfono celular del estudiante que apareció sin vida con el rostro desollado a la mañana siguiente del ataque, fue detectado con actividad desde las instalaciones castrenses de Lomas de Sotelo en la ciudad de México.

Por la ubicación del celular dentro del campo militar, podría tratarse de la sede del Agrupamiento Especial de Búsqueda (AGESEB), conformado por agentes de la Policía Judicial Federal Militar, quienes se dedican a labores de investigación e información y están organizados por células, cada una bajo el mando de oficiales de la sección segunda —inteligencia militar —del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

La posible intervención del AGESEB, de acuerdo a tres diferentes fuentes de inteligencia militar consultadas por separado, se da después de que se difundiera que el celular de Julio César Mondragón Fontes, el estudiante normalista encontrado sin vida con visibles huellas de tortura, estuvo funcionando del 27 de septiembre del 2014, fecha en que su cadáver fue hallado, hasta el 14 de abril del 2015. Durante este periodo el aparato recibió llamadas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), de la secretaría de Gobernación, y del Campo Militar número uno, de acuerdo a documentos que la compañía de telefonía móvil Telcel entregó a la PGR, publicados en el libro “La guerra que nos ocultan”, que empezó a circular hace unas semanas.

En el trabajo de los periodistas Francisco Cruz, Félix Santana Ángeles y Miguel Ángel Alvarado, editado por Planeta, se dice que el aparato recibió una llamada el 17 de octubre del 2014 desde las instalaciones del Cisen, en Magdalena Contreras al sur poniente de la capital del país. Mientras que el 23, 25, 27 de octubre y el 1 de diciembre del 2014, recibió llamadas desde el campo militar número uno en la ciudad de México.

“El celular robado del joven normalista Julio César Mondragón Fontes registró cuatro mensajes de dos vías provenientes del Campo Militar 1-A, en Lomas de Sotelo en la Ciudad de México, y su colindancia con el municipio de Naucalpan en el Estado de México, meses después de que alguien lo robara al terminar de torturarlo, desollarlo y matarlo la madruga del 27 de septiembre de 2014 en el Camino del Andariego en Iguala”.

“También hubo otros mensajes al mismo equipo desde las inmediaciones del Cisen en la Ciudad de México, a 50 metros de la puerta localizada entre las calles de Nogales y Ferrocarril de Cuernavaca, en la colonia La Concepción, delegación Magdalena Contreras”. Según los autores, el celular no apareció entre los objetos encontrados en el cadáver. Los asesinos del estudiante, probablemente militares, se quedaron con el aparato usándolo hasta el 4 de abril, lapso en el cual lo utilizaron para realizar labores de espionaje y tratar de identificar los contactos de Julio César. En la parte final del trabajo, señalan que previo a que la PGR solicitara a Telcel la lista de comunicaciones hechas con ese celular, antes y después de los sucesos de Iguala, alguien que muy probablemente se trató de militares, ya lo habían hecho. “Desde las sombras alguien se había adelantado e intentaba conocer todo lo que había hecho Julio César y, según se desprende de las sábana de llamadas, conocer las personas con las que tuvo sus últimos contactos. En otras palabras, esa persona hacía espionaje con el celular robado a Julio César”.

Si el teléfono celular reportó actividad en el campo militar número uno, tuvo que haber sido en las instalaciones de la Policía Ministerial Militar, probablemente con personal perteneciente al Agrupamiento Especial de Búsqueda (AGESEB), quienes realizan ese tipo de labores a los que se refiere el libro, dice un oficial de inteligencia consultado en la ciudad de México. Las células del AGESEB están al mando de capitanes de la sección de inteligencia militar, sus locales y oficinas son confidenciales dentro del campo.

Otro de sus colegas consultado vía electrónica en una comandancia militar del interior del país, señaló que el AGESEB tiene locales dentro del campo para llevar detenidos, entre ellos cuenta con una cabaña. Realizan labores de investigación que dan parte a la sección segunda del Estado Mayor de la Defensa, añade. Hacen inteligencia además de captura de blancos ordenados por la jefatura de sección.

El capitán José Martínez Crespo, quien la noche del 26 de septiembre del 2014 encabezó un grupo de militares del 27 batallón de infantería que se desplegó en Iguala tras los sucesos que derivaron en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, mucho tiempo perteneció a ese cuerpo policiaco. “Es probable que haya sido enlace con ese grupo esa noche, por eso sus movimientos y actividades”, dice un tercer militar especialista en labores de inteligencia consultado al respecto.

Martínez Crespo, oficial de infantería que formó parte de la antigüedad 1987-1991 del Colegio Militar, se convirtió en el oficial más “visible” ya que su nombre aparece, junto al del entonces coronel José Rodríguez Pérez comandante del 27 batallón, en documentos militares difundidos vía transparencia en el último año y medio, que contienen mensajes de Formato Criptográfico Arcano (FCA), como se conoce al sistema computarizado de envío de comunicaciones encriptados que solo pueden leer quienes cuentan con las claves de inteligencia militar.

Algunos de los mensajes emitidos antes, durante y después de los hechos de Iguala la noche del 26 y la mañana del 27 de septiembre del 2014 por la Sección de Información, Instrucción y Operaciones (SIIO) del 27 de infantería, iban dirigidos al general Alejandro Saavedra Hernández, entonces comandante de la 35 zona militar en Chilpancingo, así como al Grupo de Análisis de Orden Interno (GAOI), una instancia que depende de la subsección de Asuntos Especiales de la sección segunda —inteligencia militar—del Estado Mayor de la Defensa.

El Grupo de Análisis de Orden Interno (GAOI) se encarga de analizar la información relacionada con organizaciones armadas, como el EPR (Ejército Popular Revolucionario), el ERPI (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Su labor está enfocada exclusivamente en dar seguimiento a grupos guerrilleros y actuar contra sus integrantes, dice esta tercera fuente del área de inteligencia del ejército. Operan en siete estados del país, Guerrero, Estado de México, Oaxaca, Hidalgo, Michoacán, Chiapas y Veracruz.

La intervención del GAOI registrada en documentos en poder de este blog, se le suma la probable intervención posterior a los sucesos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, del Agrupamiento Especial de Búsqueda (AGESEB) de la Policía Ministerial Militar, con la pista que apunta a una instalación dentro del campo militar en la ciudad de México, donde se detectó el funcionamiento del teléfono celular del estudiante desollado.

Preguntas “incómodas” para el ejército

El día que el secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda apareció a principios de octubre del 2015 ante las cámaras de Televisa, para declarar que no existían indicios de la participación del ejército en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, culminaban siete meses de peticiones infructuosas por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que la dependencia respondiera a solicitudes de información sobre el papel de los militares aquella noche.

El general Cienfuegos dijo esa ocasión que los integrantes del 27 de infantería, con sede en Iguala, no tenían por qué declarar ante el GIEI sobre la desaparición de los 43 estudiantes ya que “no hay señalamientos claros” que los involucraran en estos hechos. Hasta ese momento, decía el titular de la Sedena, habían rendido su testimonio ante la PGR alrededor de 50 efectivos que estuvieron de servicio en esa ocasión. “Yo he estado en la posición de que no tienen por qué declarar los soldados. Primero porque no hay un señalamiento claro de algún involucramiento. Nosotros solamente respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas. (…) No me queda claro ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahora ningún delito”, señaló.

En su último informe presentado en abril pasado, el GIEI dejó una serie de preguntas que tendrían que hacerse en algún momento a los militares que monitorearon, y estuvieron al tanto en tiempo real, sobre lo ocurrido durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala.

Algunas de las peticiones que hizo el GIEI a partir de marzo del 2015 a la Sedena por medio de la PGR, registradas en su segundo y último informe, partían de que explicaran “la participación de elementos del ejército, actividades que realizaron, bitácoras, entrevistas que tomaron a los jóvenes heridos y que se encontraban en la clínica”, donde los normalistas habían llevado a uno de ellos de gravedad.

También pidieron fotos, filmaciones, reportes escritos, grabaciones hechas en el C-4, —el sistema que monitorea por medio de cámaras la seguridad del municipio y que estaba controlado en su totalidad por militares—, a nivel de comando y de ejército que posean de la región de Iguala, Cocula y Chilpancingo entre el 22 y 27 de septiembre del 2014. Pedían también los nombres de los militares, rango y unidad a la que pertenecían que realizaron labores de inteligencia, de registro y control en Iguala durante el 26 y 27 de septiembre, relacionados con los momentos previos, concomitados y posteriores a la desaparición de los 43 estudiantes. “De manera particular, los nombres de los miembros del ejército que se hicieron presentes en el Hospital Cristina del municipio de Iguala en la noche del 26 de septiembre, así como de quien estivo al mando de ese grupo de militares”.

Durante abril del 2015 en varias ocasiones requirieron, por medio de Gobernación, entrevistas con miembros del 27 de infantería del cual habían entregado una lista. En septiembre al cumplirse el primer año, reiteraban la solicitud, vía PGR, de documentos militares sobre las órdenes impartidas, registros, anotaciones, además de los reglamentos de la zona y régimen militar, órdenes de operaciones del día 1 al 30 de septiembre de 2014 y el procedimiento sistemático de operar. También solicitaron el reglamento de partidas militares, el manual de procesos de campaña, los reportes de los Grupos de Información de Zona (GISES), y los Gafes, grupo de tropas especiales, respecto de los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

Concluían con una petición de información a la Policía Federal y al ejército sobre la constitución, surgimiento y estructura de los grupos delincuenciales autodenominados Guerreros Unidos y Cartel Independiente de Acapulco (CIDA). Además de que confirmaran si existía alguna persona del 27 de infantería, señalado por un elemento de la Armada, a quien apodaban “el Satánico” y quien probablemente se dedicaría al tráfico de armas.
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